El estudio
“COVID-19: Una enfermedad ocupacional: ¿Dónde los trabajadores de primera línea están mejor protegidos?”, se titula el estudio, que destaca el caso argentino como un ejemplo de que “un apoyo fuerte no depende de las riquezas de una nación”.
Sólo el 6 por ciento de los países analizados adoptó leyes, regulaciones o políticas que implican suponer que la enfermedad del coronavirus se contrajo en el ámbito laboral, paso que elevó las respuestas de esos países a lo más alto del ranking. Al considerar exclusivamente a los trabajadores de la salud, la cifra se elevó a un 17 por ciento.
Hasta el mes pasado, poco más de la mitad de los gobiernos estudiados reconocían al coronavirus como una enfermedad ocupacional a través de un proceso regulatorio formal, que implica para quienes contraen el virus en el trabajo poder acceder a protecciones y derechos sociales como subsidio de enfermedad, atención médica y reemplazo del salario, que de lo contrario les es negado, destaca el informe.
En el caso de la Argentina, vale recordar que fue reconocida como enfermedad profesional para los trabajadores esenciales en abril del año pasado, por decreto 367/2020.
“Argentina, un país que no pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recibió nuestra mejor valoración a nivel de país, demostrando que un apoyo fuerte no depende de las riquezas de una nación”, destaca el informe.
