El Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto 340/25, mediante el cual se aprueba el Régimen de Excepción de la Marina Mercante, una iniciativa que busca flexibilizar y modernizar la normativa que regula la navegación en aguas argentinas. La medida modifica leyes clave como la Ley de Navegación N° 20.094, la Ley de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional N° 27.419 y la Ley de Régimen Laboral N° 25.877, entre otras. Según se explica en el texto oficial, el objetivo es “revitalizar la marina mercante nacional” y “bajar el costo argentino”.
Sin embargo, desde la oposición surgieron fuertes críticas. La diputada nacional de Unión por la Patria, Marcela Passo, calificó la medida como “una profunda paradoja”, ya que “en vez de mejorar la competitividad y los costos de los barcos que operan bajo registro de la bandera nacional, crean un régimen de excepción bajo bandera de otro país”.
Entre las modificaciones que introduce el decreto se encuentran la habilitación para operar con matrícula argentina a buques extranjeros, la posibilidad de que los operadores locales puedan acogerse a banderas de conveniencia, la flexibilización en la composición de las tripulaciones, la extensión del período para que buques internacionales hagan cabotaje, y la reducción de restricciones para reparar e inscribir embarcaciones. Estas disposiciones han generado una fuerte preocupación en el sector marítimo y fluvial, cuyos actores aseguran que no fueron consultados ni advertidos sobre la medida.
“El decreto dice que busca ‘revitalizar’ la marina mercante nacional, pero habilita explícitamente a buques de bandera extranjera a operar en cabotaje con matrícula nacional, aunque regidos por las normas de su registro de origen”, explicó Passo, quien integra la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados.
Preocupación por el empleo y la soberanía
Para la legisladora bonaerense, el nuevo régimen “transitorio y cuasi experimental” de tres años prorrogables, con el que el gobierno de Javier Milei pretende generar competencia y reducir costos, terminará por “traer desempleo y desinversión de los empresarios nacionales y un claro perjuicio a los trabajadores argentinos”.
“Siempre será conveniente mejorar la competitividad de los barcos bajo registro nacional, y no armar regímenes de excepción que no dan solución de fondo”, advirtió Passo. En ese sentido, reclamó que Argentina recupere “la vocación marítima y fluvial, con fuerte anclaje en la soberanía nacional” y llamó a repensar el sistema de navegación “como eje estratégico de desarrollo para el país”.
“Debemos lograr una actividad próspera y eficiente, donde la navegación la realicen buques de bandera argentina, con tripulación argentina y con astilleros argentinos”, concluyó la diputada massista.
