Con una mayoría debilitada, el gobierno nacional logró convertir en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque debió volver a modificar el texto para reunir los apoyos necesarios. Después de haber eliminado el capítulo referido a la extranjerización de las tierras rurales, el oficialismo también tuvo que resignar la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, que no logró el respaldo de varios de los habituales aliados de La Libertad Avanza.
El proyecto finalmente mantuvo las reformas destinadas a agilizar los procesos de desalojo por ocupaciones ilegales y a endurecer las condiciones para las expropiaciones, dos de los principales objetivos impulsados por Javier Milei en materia de protección del derecho de propiedad privada.
Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta pretendía flexibilizar las restricciones que hoy impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante 60 años en el caso de bosques nativos y humedales y por 30 años para las tierras agropecuarias.
El gobierno argumentaba que el régimen vigente, aprobado en 2020, castigaba a los propietarios de inmuebles incendiados al impedirles desarrollar nuevos proyectos sobre esas tierras. No obstante, la iniciativa fue rechazada por un grupo de senadores dialoguistas que consideró inconveniente modificar esa normativa, según informó la Agencia DIB.
En cambio, el capítulo referido a los desalojos prosperó con 36 votos afirmativos, ya que Terenzi optó por abstenerse. La nueva legislación establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, reemplazando el procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos judiciales.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA), aseguró que se procura brindar mayor seguridad jurídica, dotar a la Justicia de herramientas con las que actualmente no cuenta y evitar así que quienes sufren ocupaciones ilegales deban atravesar largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles.
El senador oficialista afirmó que el proyecto expresa «la voluntad de desburocratizar, simplificar y hacer los trámites más veloces; que quien sea dueño de un bien no sea castigado por ello; que la propiedad privada, consagrada en nuestra Constitución, no sea vulnerada; y que el Estado entienda que su intervención debe estar orientada a tutelar y defender ese derecho, y no a intervenir ni avasallarlo«.
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